La Privatización de la Sanidad

Primeramente quería pedir disculpas por la inactividad del blog durante varios meses. La incorporación al trabajo y el retorno a las aulas me dejan poco tiempo para sentarme a escribir.

En los últimos meses, se ha venido fraguando un intenso debate en la Comunidad de Madrid entre partidarios y detractores de la privatización de los servicios sanitarios. Aunque no he seguido la discusión muy de cerca, los argumentos que ocasionalmente he oído y leído en prensa me han parecido, en su mayoría, poco sólidos o desacertados. Por ello, a continuación trataré de arrojar algo de luz sobre el tema.

Para ello, en primer lugar, conviene tener claro que, cuando se habla de cualquier servicio público se ha de distinguir entre producción y provisión. Tanto la producción como la provisión pueden ser de carácter público o privado.

Cuando hablamos de producción en Sanidad, nos referimos a la gestión de los centros sanitarios, es decir, a las decisiones de contratación de personal, política de atención al paciente, elección de proveedores y suministradores, etcétera. Mientras que cuando nos referimos a la provisión hablamos del acceso de los ciudadanos al servicio (público en caso de que sea gratuito y privado en caso contrario).

En la actualidad, el sistema sanitario español es un sistema público tanto en términos de producción como de provisión pues es el sector público quien decide qué y cuánto personal contratar, qué tipo de servicios se deben prestar, con qué horario, dónde deben estar situados los centros… y, además, el acceso es gratuito para todos los pacientes. Sin embargo, a lo largo y ancho del mundo podemos encontrarnos con sistemas donde producción y provisión fuesen privados o con sistemas donde la producción fuese privada y la provisión pública (producción pública y provisión privada no suelen convivir).

Al margen de que puedan existir centros sanitarios privados, el acceso universal y gratuito de los ciudadanos a la Sanidad es uno de los pilares imprescindibles del Estado del Bienestar y, por tanto, la provisión pública debería ser una prioridad indiscutible. No obstante, no debe olvidarse que la gratuidad de los servicios sanitarios trae consigo un sobreconsumo sanitario que se plasma en la saturación de determinados servicios de forma innecesaria. En cualquier caso, aún no he encontrado un argumento lo suficientemente sólido para decantarme por la provisión privada y creo que existen pocas personas en España que defiendan esta tesis.

Sin embargo, el debate sobre producción privada o pública no parece tener, a mi juicio, un vencedor tan claro. Éste es el debate presente en la Comunidad de Madrid aunque determinados colectivos lo han desfigurado de tal manera que al ciudadano común, que no suele distinguir (ni tiene por qué saber distinguir) entre provisión y producción, le parezca que lo que realmente está amenazada es la provisión pública.

Al margen de estas distorsiones, pueden encontrarse argumentos tanto a favor como en contra de la producción privada y pública. Así por ejemplo, generalmente, las empresas privadas cuyo objetivo es la maximización del beneficio suelen funcionar de un modo más eficiente que sus organizaciones homólogas del sector público ya que las primeras desperdician menos recursos materiales y humanos, redundando ello en un menor coste de producción. Además, el sector privado suele ser más flexible a la hora de ajustar las plantillas a las nuevas necesidades que van surgiendo.

 

Además, si se mantuviese la provisión pública y cada centro sanitario fuese remunerado en función del número de pacientes atendidos, los centros se esforzarían por ofrecer una calidad superior a la de sus competidores, lo cual redundaría en última instancia en una mejora de la calidad de los servicios prestados al paciente.

Pero, como no podría ser de otro modo, la producción privada de servicios sanitarios también conlleva ciertas desventajas. Una de las principales se deriva de la incapacidad de la mayoría de los ciudadanos de evaluar si el médico que nos atiende es un buen profesional. Podemos valorar si es agradable en el trato personal, educado, atento, nos escucha… pero tenemos una mayor dificultad para saber si realmente hemos sanado gracias a sus consejos y tratamientos o si podríamos haber sanado más rápidamente si hubiésemos estado en manos de otro profesional (uno no puede saber si el médico que le atiende es un buen médico a menos que él mismo sea un buen médico).

Aprovechando esta asimetría de información, un centro sanitario de producción privada podría tratar de atraer pacientes sobreofertando aquellos servicios que son más fácilmente evaluables por el paciente como la comodidad de las habitaciones o la amabilidad del personal e infraofertando factores de mayor importancia en términos de salud como la profesionalidad del personal o la actualización de los medios técnicos utilizados.

Asimismo, si la remuneración de cada centro sanitario se estableciese en función del número de pacientes atendidos, los centros tendrían un mayor incentivo a ofrecer una atención lo más rápida posible, aumentando de este modo los casos de altas prematuras de pacientes. Si, por el contrario, se optase por remunerar a los centros atendiendo al número de días de hospitalización de los pacientes, podríamos encontrarnos con que el coste sanitario, lejos de disminuir, aumentaría debido al incentivo que genera este tipo de contrato al centro sanitario para retener a los pacientes durante el mayor tiempo posible.

A mi juicio, los inconvenientes de la producción privada pesan más que los beneficios a ella asociados. Por ello, para reducir el gasto sanitario y mantener la calidad de los servicios prestados debería optarse por fórmulas que mejorasen y abaratasen el actual sistema sanitario sin incurrir en la privatización de la producción. Recientemente leía un artículo que afirmaba que por cada euro invertido en campañas de prevención contra el tabaco se ahorraban 55 céntimos en sanidad. Si estas campañas se combinan con otras que promuevan modos de vida saludable (ejercicio físico, dieta equilibrada…) y con mayores impuestos sobre sustancias con efectos nocivos para la salud como tabaco, alcohol y carburantes (estos últimos son causantes de numerosas patologías respiratorias), podríamos reducir a largo plazo el gasto sanitario de forma considerable.

Por otra parte, podría optarse por reducir aquellos gastos de producción sanitaria que no influyen directamente en la calidad del servicio. El principal de ellos es la remuneración de la plantilla. Bajando sueldos o complementos por guardias (aunque les duela a los profesionales de la Sanidad) se consiguen prestar los mismos servicios a menor precio. No obstante, ya antes de que se tomasen este tipo de medidas, muchos médicos y enfermeros emigraron a otros países en busca de mayores retribuciones provocando una pérdida de capital humano muy importante para nuestro sistema sanitario.

En definitiva, hoy en día gozamos de un sistema sanitario similar al de los países más desarrollados a pesar de que nuestro nivel de renta es inferior. Por ello, para conservar la joya de nuestro Estado del Bienestar contamos con tres opciones: reducir los gastos de funcionamiento sin que ello redunde en una pérdida de calidad, trasvasar recursos de otras partidas de gasto público hacia Sanidad y/o aumentar los ingresos públicos para su financiación. En cualquier caso, lo que parece claro es que la privatización de la producción sanitaria no es la opción más adecuada.