El paciente español

En estos últimos días parecen estarse ultimando los detalles del rescate español. Para que éste sea efectivo es preciso, al igual que ocurre con los pacientes médicos, no sólo que el tratamiento sea eficaz sino también que el diagnóstico sea acertado. Además, el correcto diagnóstico debe preceder siempre al tratamiento.

El principal mal que ha venido aquejando al paciente español desde el estallido de la crisis económica y financiera ha sido el aumento de los costes de financiación, hasta el punto de amenazar con provocar la insostenibilidad de la deuda pública española. Por ello, el primer tratamiento a aplicar al enfermo es financiación a bajo coste. Una de las opciones barajadas es un crédito preventivo. Así, cuando España no pudiese financiarse a un coste razonable en el mercado, podría recurrir a la financiación del MEDE y del FMI. Además, el BCE está dispuesto a comprar deuda pública española en el mercado secundario para así reducir los intereses exigidos a la deuda española.

No obstante, este tratamiento tiene un mero carácter paliativo. Por ello, es necesario profundizar en el diagnóstico para entender qué provoca que se disparen los costes de financiación de España. Teniendo en cuenta que los niveles de deuda pública española son menores que los alemanes y que la media de la eurozona, parece que el problema radica en la dificultad para reducir el déficit público. Dicho déficit, además, no parece tener un carácter coyuntural sino más bien estructural. Así, España era muy dependiente de los ingresos públicos generados por el sector de la construcción, ingresos que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, no volverán a aparecer. Por tanto, debemos tener clara la necesidad de aumentar nuestros ingresos públicos mediante el aumento de impuestos y/o reducir el gasto. La combinación óptima de gastos e ingresos públicos es una cuestión de carácter fundamentalmente político, por lo que la propia España deberá aplicar el tratamiento de la forma que considere más oportuna.

Este tratamiento, sin embargo, cuenta con unos efectos secundarios muy adversos que pueden incluso matar al paciente, ya que cada recorte de gasto o aumento de impuestos reduce el nivel de actividad económica y con ello los ingresos públicos. Por ello, tal y como defendía la directora gerente del FMI Christine Lagarde durante la pasada reunión de Tokyo, las políticas de austeridad deben aplicarse de forma muy gradual en el tiempo. Desgraciadamente, otro de los doctores que tratan al paciente español, el ministro de finanzas alemán Wolfgan Schäuble, afirmaba que la corrección del déficit debía realizarse con la mayor celeridad posible. Su argumento se basa en que, de este modo, las necesidades de financiación de España serían menores y, por tanto, disminuiría la dependencia de los mercados financieros.

Probablemente, Schäuble pretende evitar el relajamiento en el seguimiento del tratamiento y, sobre todo, eludir la carga económica que suponen los rescates para Alemania. Sin embargo, en esta discusión entre la doctora Lagarde y el doctor Schäuble, ésta debería recordar que la participación de su institución en los rescates europeos fue precisamente una exigencia alemana para así poder contar con un ente independiente y con un elenco de expertos en resolución de crisis de este tipo. Por tanto, sería deseable que la directora del FMI lanzase un órdago amenazando con retirar su apoyo a la UE (el FMI se comprometió a aportar en los rescates una cuantía igual al 50% de la aportada por los países europeos) si no se aplica el tratamiento propuesto por los reputados doctores de su institución.

El paciente español, además de tener un problema con su deuda pública, cuenta también con un problema de exceso de endeudamiento privado. Así, familias y empresas recurrieron masivamente al crédito durante los años de bonanza destinando la financiación a la adquisición de inmuebles. Desafortunadamente, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha provocado un grave problema de balance en el sector privado español ya que sus activos tienen ahora un valor inferior a sus pasivos. Para corregir esta situación, el sector privado debe reducir sus elevados niveles de endeudamiento. Sin embargo, ello provoca una contracción del nivel de actividad económica. Para suavizar este proceso de desapalancamiento, tradicionalmente se recurría al aumento del endeudamiento público. Por tanto, nos encontramos con un argumento adicional en favor del tratamiento propuesto por el FMI y contrario a la propuesta alemana.

Fruto de este problema de balance, el paciente español cuenta también con un sistema financiero que sufre enormes pérdidas que amenazan con provocar un colapso aún mayor al resto de la economía. Por ello, resulta vital aumentar la capacidad de las entidades financieras para absorber tales pérdidas. Para ello, las entidades financieras deben presentar planes creíbles de recapitalización. Aquellas entidades que no cuenten con un plan adecuado deberán ser liquidadas o, si su quiebra entraña un riesgo para el sistema bancario en su conjunto, el propio Estado debería encargarse de su recapitalización.

Sin embargo, exigir a un enfermo de déficit público y costes de financiación elevados que asuma esta tarea podría matarlo. Fue por ello que en la cumbre europea del pasado 29 de junio los líderes de la Eurozona propusieron la creación de un supervisor bancario único y la posterior mutualización de los costes de recapitalización de los bancos europeos (la vieja receta alemana de más solidaridad a cambio de mayor control). A pesar de ello, a día de hoy países como la propia Alemania, Finlandia u Holanda siguen poniendo trabas a la ejecución de dicho plan. De hecho, este largo periodo de crisis europea nos ha mostrado que estos países sólo caminan hacia la integración cuando la moneda única se encuentran al borde del abismo. Así, cuando el BCE alivia la tensión en los mercados mediante sus planes de compra de deuda, los “burros nórdicos” dejan de caminar. Por ello, Super Mario no sólo debería supeditar sus programas de ayuda a que los países beneficiarios soliciten el rescate sino que también debería exigir avances en el proceso de integración europea.

Como resultado de todos estos problemas de salud y de los agresivos (y, en ocasiones, erróneos) tratamientos, el paciente español sufre una tasa de desempleo del 25%, la mayor de la UE. Si bien la contracción de la demanda ha disparado la tasa de paro, también es cierto que el mercado de trabajo español cuenta con un grave problema de dualidad. Así, en España nos encontramos con trabajadores con contratos indefinidos con una indemnización por despido muy elevada (insiders) y con trabajadores con contratos temporales con una protección reducida (outsiders). De este modo, ante la llegada de una recesión, los insiders no suelen aceptar una moderación salarial que permita conservar el empleo tanto a ellos mismos como a los outsiders sino que negocian el mayor salario posible compatible únicamente con el mantenimiento de su propio empleo. Por tanto, para ajustar las condiciones de trabajo a la nueva situación económica, los empresarios tienden a despedir a los outsiders. En definitiva, cuando la tarta disminuye, no se reduce la ración que toma cada comensal sino que se expulsa a los comensales menos protegidos del banquete.

Para solucionar este problema resulta fundamental la equiparación de los costes de despido de ambos tipos de trabajadores reduciendo la protección de los insiders y aumentando la de los outsiders. No obstante, en un contexto como el actual, estas medidas sólo generarían más desempleo. Por ello, la reforma podría implementarse de forma gradual, optando primeramente por aumentar la protección de los outsiders pero con el compromiso de comenzar a reducir gradualmente la protección de los insiders en un plazo de, por ejemplo, dos años.

Por último, algunos doctores afirman que el paciente español tiene un grave problema de competitividad exterior, es decir, los costes de los bienes y servicios producidos en España son más elevados que los de sus competidores. Sin embargo, este diagnóstico no es del todo acertado ya que, en caso de serlo, las exportaciones españolas no hubiesen aumentado desde el estallido de la crisis a tasas superiores a la media de la UE e incluso recientemente a tasas superiores al crecimiento mundial de las exportaciones.

No obstante, dado que España aún sigue presentando déficits por cuenta corriente (es decir, la diferencia entre el valor de la producción nacional y el valor del gasto nacional sigue siendo negativa) la única vía para garantizar un crecimiento económico sostenible no radica en aumentar los niveles de inversión y/o consumo sino en aumentar las exportaciones de bienes y servicios. En este sentido, la mejora de la competitividad sigue resultando clave. Además, al igual que a una persona nunca le viene mal realizar algo de ejercicio físico para mejorar su estado de forma, a una economía tampoco le perjudica ganar competitividad. Una posible medida para ello es ligar los incrementos salariales al aumento de la productividad en lugar de al incremento de la inflación.

 

En resumen, tenemos un paciente bastante enfermo que ha acudido bastante tarde al médico por el estigma político que podría suponer solicitar de la Troika. Además, en muchas ocasiones los tratamientos ofrecidos no han sido los más correctos a pesar de que existen doctores con gran experiencia e independencia en el FMI. Sin embargo, hasta ahora parece estarse imponiendo el criterio de doctores menos expertos y que están más preocupados por ganar las elecciones en sus países de origen que por curar al enfermo. Por tanto, romper con los estigmas y dejar a los verdaderos expertos actuar resultará clave para la recuperación del paciente español.

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