La sostenibilidad de las pensiones (II)

En el post anterior se repasaban las principales características de los dos principales sistemas de pensiones. Con este post, se pretende repasar los problemas de cada uno de ellos.

En un sistema de capitalización el principal contratiempo que podría sobrevenir es un periodo relativamente largo de tipos de interés más bajos de los necesarios para que las aportaciones generen unos rendimientos que permitan pagar en el futuro una pensión razonable a los beneficiarios. Por ello, una correcta estimación de las contribuciones a realizar y de las expectativas de tipos de interés resulta vital.

En el caso del sistema de reparto podemos encontrarnos en primer lugar con periodos de recesión en los cuales el número de cotizantes o las aportaciones realizadas por éstos son insuficientes para financiar los compromisos presentes. En ese caso puede optarse por recurrir a ingresos de otra naturaleza o al endeudamiento. Sin embargo, recurrir a estas fuentes de financiación en épocas de recesión podría ser complicado. Por ello, en España, tras la crisis del sistema de la Seguridad Social de principios de los 90, se decidió destinar los superávit del sistema a crear un Fondo de Reserva que pudiese ser utilizado en momentos puntuales, como el actual, en que las cotizaciones de los trabajadores activos son insuficientes para sufragar los compromisos adquiridos con los pensionistas.

Sin embargo, calificar el problema del sistema de pensiones español como puntual no resulta demasiado acertado. Esto se debe al segundo gran problema de los sistemas de reparto en los países desarrollados, el paulatino envejecimiento de la población que provoca una reducción del número de trabajadores por cada pensionista. Para paliar esta tendencia pueden tomarse medidas tanto por el lado del numerador (aumentar el número de trabajadores) como del denominador (reducir el número de pensionistas).

Por el lado del numerador, una primera opción sería recurrir a la inmigración para así aumentar el tamaño de la fuerza laboral. Sin embargo, esta solución presenta dos problemas: en primer lugar, el volumen de trabajadores que el mercado laboral puede absorber es limitado. Por este motivo, aunque los niveles de inmigración fuesen muy elevados, si los inmigrantes no consiguen obtener un empleo que les permita realizar aportaciones a la Seguridad Social, realmente no se favorecería la sostenibilidad del sistema.

Asimismo, esos inmigrantes adquirirían el derecho a percibir en el futuro una pensión. Se entra así en una especie de “estafa piramidal” ya que para pagar a los pensionistas actuales se hace necesario captar un número mayor de pensionistas futuros de forma continuada.

Además de recurrir a la inmigración para aumentar el número de trabajadores, podría fomentarse la inserción laboral de grupos sociales con una participación reducida en el mercado laboral como es el caso de las mujeres. Aunque en los últimos años se han hecho grandes progresos, la tasa de actividad femenina (cociente entre el número de mujeres dispuestas a trabajar fuera de su hogar y el número total de éstas) sigue estando muy por debajo de la tasa de actividad masculina. El motivo fundamental de esta diferencia radica en que muchas mujeres (y, recientemente, también algunos hombres) suelen abandonar el mercado laboral para hacerse cargo del cuidado de sus hijos. Esta decisión puede atribuirse en gran medida a que la diferencia entre el salario que perciben y los costes de encargar el cuidado de sus retoños a terceros es insuficiente para incentivar la participación en el mercado de trabajo. Por ello, medidas que reduzcan los costes del cuidado de los hijos como la subvención de las guarderías podrían contribuir a aumentar la población cotizante sin aumentar el número de perceptores futuros de pensiones.

Otro de los grupos sociales de menor participación en el mercado de trabajo es el compuesto por las personas mayores de 55 años. Esta menor participación se debe fundamentalmente al uso de las prejubilaciones. Por ello, acercar la edad real de jubilación a la edad legal debería ser prioritario. De este modo, no sólo aumenta el número de trabajadores sino que también se reduce el número de pensionistas. Un efecto similar a esta medida tendría la ampliación de la edad legal de jubilación. Es por ello que la reforma española de las pensiones de 2011 estableció un aumento paulatino de dicha edad desde los 65 años actuales hasta los 67 en el año 2027.

Para reducir el número de pensionistas podrían ofrecerse también una serie de ventajas a aquellos individuos que deciden prolongar su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, tales como la reducción o eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a estos trabajadores o la compatibilización del cobro de una parte de la pensión con el salario laboral. Desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema de pensiones siempre será preferible un trabajador que cobre una parte de su pensión o que no cotice a un jubilado total.

Por último, para garantizar la sostenibilidad del sistema de reparto podría optarse por reducir la cuantía de las pensiones. Para evitar que ésto entrañe un riesgo de exclusión social, la reforma de 2011 incrementaba los periodos de trabajo computables a la hora de calcular la pensión. Así, hasta 2013, para cobrar el 100% de la pensión era necesario haber cotizado al menos 35 años. Con la nueva reforma, ese periodo se incrementará hasta alcanzar en 2022 los 37’5 años. Además, mientras que hasta 2013 sólo se tendrán en cuenta los 15 últimos años de vida laboral para determinar la pensión correspondiente, la nueva reforma establece que ese periodo se amplíe progresivamente hasta alcanzar los 25 años en 2022. Esta última medida perjudica sobre todo a los trabajadores de mayor renta que suelen obtener los mayores sueldos al final de su carrera por ocupar puestos de mayor rango. Sin embargo, los trabajadores más humildes que obtienen una renta más estable a lo largo de su vida laboral no se ven apenas afectados.

Como puede apreciarse, los sistemas de reparto presentan mayores inconvenientes que los sistemas de capitalización. Por ello, algunos expertos recomiendan el cambio de sistema. Sin embargo, este cambio entraña un problema de transición. Así, si un país como España decidiese pasar de la noche a la mañana del sistema de reparto al de capitalización, se encontraría con que los pensionistas actuales no podrían recibir ningún tipo de pensión pues las aportaciones que realizaron durante su vida laboral fueron utilizadas para pagar a los pensionistas de entonces. Además, los trabajadores de mayor edad no tendrían tiempo suficiente para crear una hucha de cuantía suficiente para recibir una pensión digna. Tan sólo los trabajadores más jóvenes podrían disfrutar en un futuro de la pensión.

Por tanto, si finalmente se opta por esta opción, el cambio de sistema debe realizarse de forma muy progresiva durante un periodo de tiempo muy largo (en torno a 50 años). Este horizonte temporal tan amplio genera problemas de carácter político ya que el partido que acometa la reforma adquiere un importante riesgo electoral en tanto que soporta todos los contratiempos que podrían aparecer durante el periodo de transición (reducción temporal de las pensiones, aumento de las cotizaciones sociales que dé lugar a un aumento del desempleo y una reducción de los salarios netos…). Esto le llevaría a perder las siguientes elecciones mientras que el partido ganador de éstas podría en el futuro contar con la ventaja electoral de un sistema de pensiones que funcione adecuadamente sin haber tenido que incurrir en el coste electoral que supuso la reforma. Por ello, se hace necesario un gran pacto de todas las fuerzas políticas similar al Pacto de Toledo de 1995.

En definitiva, garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones es posible aunque requiere un esfuerzo de toda la ciudadanía y todos los grupos políticos. No obstante, la propia creación del sistema actual ya requirió esfuerzos, si cabe, mayores durante una coyuntura política mucho más complicada. Además, el retraso de una adecuada reforma sólo hará que el problema sea más difícil de solucionar en el futuro. Es por ello que, muy probablemente, la primera medida que exigirá la Troika cuando se confirme el rescate completo español sea la reducción del plazo de implementación de la reforma de 2011.

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La sostenibilidad del sistema de pensiones (I)

Hace unos días se hizo pública la necesidad del Gobierno de recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente al pago de las pensiones. Durante estos días, se ha escrito largo y tendido acerca del asunto. Entre los artículos publicados merece la pena leer el minucioso análisis sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones de Cincodias.com. No obstante, para facilitar la comprensión de este artículo, este post y el siguiente tratarán de ofrecer una idea general sobre los sistemas de pensiones.

De un modo muy general, pueden distinguirse dos tipos de sistemas: de capitalización y de reparto, siendo esta última modalidad la utilizada en España. En los sistemas de capitalización, cada individuo va realizando durante su vida laboral contribuciones obligatorias para así constituir una “hucha” cuyos fondos se invierten en activos seguros. De este modo, la pensión que el individuo recibirá durante su periodo de jubilación vendrá determinada por las aportaciones realizadas más los rendimientos generados por éstas.

Por su parte, en los sistemas de reparto las pensiones de los jubilados actuales son pagadas por las aportaciones de los trabajadores actuales. No obstante, para calcular la pensión correspondiente a cada jubilado se tienen en cuenta las aportaciones que éste realizó durante su vida activa.

Para determinar qué sistema es preferible debemos en primer lugar determinar la cuantía de la pensión que podría recibir un jubilado bajo cada sistema sin comprometer la sostenibilidad del mismo. En el caso del sistema de capitalización la pensión (P) será igual a las aportaciones realizadas por el individuo durante su vida activa (c) más el rendimiento generado por éstas (1+r):

P = c (1+r)

En un sistema de reparto, la pensión máxima que puede recibir un jubilado será igual al número de trabajadores cotizantes (T) por las contribuciones que éstos realizan (c) (esto es, los recursos totales del sistema) entre el número de jubilados (J):

P = T·c/J

Por tanto, siempre que el cociente entre trabajadores cotizantes y jubilados (T/J) sea superior a los rendimientos obtenidos en un sistema de capitalización (1+r) el sistema de reparto será preferible al sistema de capitalización.

Pero, además, debe tenerse en cuenta que las contribuciones realizadas por los trabajadores actuales podrían ser superiores a las realizadas por los jubilados durante su vida activa ya que, a largo plazo, las rentas de los individuos suelen crecer gracias tanto a la indiciación de muchas de ellas a la inflación como al propio aumento de la productividad.

En el próximo post, se presentarán los problemas de ambos sistemas y las posibles soluciones.

 

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Análisis de los Presupuestos Generales del Estado por E. Ontiveros y J.J. Toribio

Ayer el Gobierno presentó el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Hoy en “Los desayunos de TVE” Emilio Ontiveros y Juan José Toribio, dos de los mejores economistas de España, han ofrecido su valoración. A partir del minuto 43 puedes ver la entrevista completa.

Poco tengo que añadir a lo dicho por estos dos expertos pues comparto en la práctica totalidad sus opiniones.

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La otra crisis

Probablemente 2007 y 2008 sean recordados como los años en los que se originó la mayor crisis económica y financiera desde la Gran Depresión. Sin embargo, en ese mismo periodo tuvo lugar una crisis, si cabe, de consecuencias más devastadoras, la crisis alimentaria. Así, en 2007 y 2008 el precio de muchas materias primas relacionadas con la producción de alimentos subió considerablemente.

Este aumento de precios fue especialmente doloroso para los países en vías de desarrollo, donde sus habitantes destinan una mayor proporción de su renta al consumo de alimentos. Así, muchas personas que, gracias al crecimiento económico de años anteriores, habían salido de la pobreza volvieron a caer en ella.

Aunque en 2009 tuvo lugar una caída del precio de los alimentos, en 2010 de nuevo se produjo un repunte. De hecho, este repunte fue la chispa que hizo estallar la Primavera Árabe a finales de 2010 y principios de 2011 (soportar a dictadores tiranos resulta menos gravoso cuando el pan es barato y abundante).

Las causas del aumento del precio de materias primas esenciales para el consumo humano como el trigo, la soja o el maíz se deben tres tipos de factores: factores de demanda, factores de oferta y factores de carácter institucional.

Entre los factores de demanda cabe destacar, en primer lugar, el aumento del precio del petróleo, las perspectivas de que éste se agote en unas décadas y sus adversos efectos sobre el medio ambiente. Estas circunstancias han llevado a muchos gobiernos a buscar combustibles alternativos derivados de productos agrarios. De este modo, muchos cultivos se destinan a llenar el depósito de un vehículo en lugar del estómago de las personas.

Por otra parte, el propio progreso económico de países como China, Rusia, India, Brasil, Tailandia… ha provocado una sustitución en los hábitos alimenticios. Así, las familias de estos países han sustituido el consumo de cereales y legumbres por carne. Para alimentar a los animales que producen dicha carne se precisa una cuantía de cereales muy superior a la que dejan de consumir esas familias. Por ello, la demanda de estas materias primas ha aumentado considerablemente.

Por último, entre los factores explicativos del aumento de precios por el lado de la demanda debe resaltarse la política monetaria ultraexpansiva que países como Estados Unidos, Gran Bretaña o la Unión Europea están llevando a cabo para contrarrestar los efectos de la crisis económica y financiera. Este aumento de la masa monetaria mundial es, en cierta medida, responsable del aumento de los precios de muchas materias primas.

Por otro lado, entre los factores de oferta deben señalarse las diversas catástrofes naturales que han afectado a la producción de cereales. Así, por ejemplo, 2010 fue un año especialmente seco en Rusia mientras que Australia fue asolada por graves inundaciones. Dado que estos países son dos de los mayores productores de cereales del mundo, la oferta mundial se redujo considerablemente.

Desde el punto de vista institucional, el propio aumento de los precios de los productos agrarios llevó a países como Rusia o Egipto a restringir sus exportaciones de trigo. Esto les permitió gozar de una oferta interna más abundante y unos precios domésticos menores a costa de reducir considerablemente la oferta mundial y hacer aumentar los precios internacionales.

Teniendo en cuenta estas causas, podemos proponer una serie de soluciones:

En primer lugar, deben llevarse a cabo las medidas oportunas para evitar que los desastres naturales arruinen las cosechas. Para ello, es necesario tanto evitar los propios desastres como mejorar la capacidad de respuesta de las cosechas ante los mismos.

Gran parte de las catástrofes naturales son atribuibles al calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Por ello, conseguir un acuerdo internacional legalmente vinculante que sustituya al Protocolo de Kyoto que expira en 2012 resulta prioritario. Desafortunadamente, no existe ninguna institución a nivel internacional con capacidad para hacer cumplir acuerdos de este tipo.

Por otro lado, el uso de cultivos modificados genéticamente para ser más resistentes a plagas, sequías e inundaciones podría reducir en gran medida la pérdida de producción derivada de estos fenómenos. No obstante, los efectos de estos cultivos sobre la salud humana aún no han sido plenamente testados. Por ello, en una primera etapa, el uso de estos cultivos debería limitarse a la producción de biocombustibles.

En segundo lugar, organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) deberían evitar la aplicación de restricciones a las exportaciones de alimentos. De hecho, algunos expertos aseguran que si estas restricciones fuesen eliminadas podrían salir de la pobreza más de tres millones de personas en el mundo. Sin embargo, aunque el bienestar global fuese mayor, el bienestar del país que levanta las restricciones a la exportación podría ser menor. Además, el precio de los cereales podría seguir siendo inasequible para muchas personas que viven en países en vías de desarrollo.

Por ello, el libre comercio de cereales debe complementarse con un sistema global de transferencias y préstamos a tipo de interés reducido para los países más vulnerables. Las transferencias podrían ser gestionadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mientras que los préstamos podrían ser ofertados por la Asociación Internacional de Fomento (IDA), una de las instituciones que componen el grupo del Banco Mundial (BM). De hecho, la IDA se dedica en la actualidad a conceder tales préstamos a los países menos adelantados aunque la financiación se destina al desarrollo de infraestructuras físicas y sociales.

La financiación ofrecida por estas instituciones debería centrarse en ofrecer a las familias más necesitadas subsidios para el consumo de alimentos. Asimismo, en los países en desarrollo una gran parte de las cosechas se pierde por la carencia de silos o por las dificultades que los productores se encuentran a la hora de llevar sus excedentes al mercado. Por ello, destinar una parte de la financiación a la mejora de las infraestructuras de almacenamiento y transporte resulta también importante.

Asimismo, dentro de cada país (e incluso de cada comunidad autónoma y localidad en el caso de España) se pueden encontrar diversos programas de ayuda a países en vías de desarrollo. Aunque toda ayuda es siempre positiva, es deseable que dicha ayuda sea gestionada de forma centralizada por alguna de las instituciones anteriores ya que éstas cuentan con mayor experiencia y, sobre todo, mayores medios para vigilar que la financiación se destine al fin perseguido.

En definitiva, si se toman medidas de este tipo, el aumento del precio de los alimentos no tiene por qué ser un problema. De hecho, estos aumentos de precios permiten mejorar los ingresos de los agricultores, un colectivo que generalmente presenta unos niveles de renta inferiores a la media y del cual depende una gran parte de la población de los países en vías de desarrollo. Además, las mejores perspectivas del sector agrario contribuyen a evitar la despoblación de zonas rurales y la masificación de las ciudades y sus consiguientes efectos adversos sobre el medio ambiente.

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¿Por qué siempre sube mi factura eléctrica? (II)

Así llegamos a 2012 y todo parecía indicar que el calendario iba a ser incumplido y en 2013 continuaría existiendo déficit eléctrico. Por ello, el nuevo Gobierno decidió ampliar el calendario a través de un nuevo decreto. Pero esta vez las empresas productoras decidieron plantarse y exigieron el cumplimiento del calendario establecido en 2009 y el Tribunal Supremo les dio la razón. Así, en la última factura de la luz el consumidor puede observar dos conceptos a los que Endesa en concreto denomina “Ajuste precios 4º t 2011” y “Ajuste precios abril 2012” que corresponden a la refacturación de los importes no cobrados en esos periodos.

En definitiva, aún a día de hoy el consumidor español paga por su electricidad un precio inferior a su coste real. Ese coste real, no obstante, es en España el tercero mayor de la UE, tan sólo superado por dos pequeñas islas: Malta y Chipre. Este elevado precio se debe a la ya mencionada elevada presencia de las fuentes renovables en la producción de electricidad. Así, en nuestro país, casi el 35% de la electricidad procede de fuentes renovables, un porcentaje que aumenta hasta el 44% si consideramos la cogeneración como una fuente renovable. Pero, además, de las renovables y sus subvenciones también existen otros elementos que encarecen considerablemente la factura eléctrica:

En primer lugar, los propios intereses derivados del aplazamiento del cobro por parte de las empresas eléctricas suponen una parte no desdeñable del término fijo de energía. Estos costes podrían desaparecer completamente a partir de 2013 cuando el déficit del sistema fuese eliminado. No obstante, para eliminar el déficit será necesario aumentar hoy el precio pagado por el consumidor adherido a la TUR.

Por otro lado, las centrales termoeléctricas españolas que producen la electricidad a partir del carbón están obligadas a utilizar un porcentaje mínimo de carbón nacional, el cual resulta más caro que el procedente del resto del mundo. De esta manera, la producción eléctrica se encarece de forma artificial.

En tercer lugar, en la década de los 80 se aplicó en España una “moratoria nuclear” que se traduciría en la paralización en 1991 de la construcción de centrales nucleares (incluso de aquellas cuya construcción ya había sido iniciada). Dicha moratoria obedece a motivos de seguridad ya que los accidentes en este tipo de instalaciones suelen tener un impacto medioambiental de gran magnitud. No obstante, en condiciones normales, la producción de electricidad a partir de este tipo de instalaciones tiene un precio similar a la producida a partir de combustibles fósiles y no emite gases de efecto invernadero (GEI).

Por último, en España y el resto de países europeos, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, ha alcanzado un escaso desarrollo la extracción de gas de esquisto, a pesar de que tanto este país como Europa son ricos en yacimientos de este tipo. Hasta hace pocos años la extracción de gas de esquisto no era viable al tratarse de yacimientos subterráneos a gran distancia de la superficie. Sin embargo, el desarrollo tecnológico ha cambiado las tornas y hoy en América el precio del gas es muy inferior al existente en Europa. Ello ha permitido sustituir carbón y petróleo por gas en la generación de electricidad. Este último combustible, además de ser más barato en el caso de Estados Unidos, genera unas emisiones de GEI inferiores.

La razón del retardo de su uso en Europa se atribuye a dos factores fundamentales: consideraciones medioambientales y derechos de propiedad del subsuelo. En cuanto al primer factor, los efectos sobre el entorno de la extracción de gas de esquisto no son claros. Los ecologistas suelen argumentar que durante la extracción se libera gran parte de gas a la atmósfera y se contaminan los acuíferos (por internet circulan algunos vídeos de grifos que echan agua a la cual sus usuarios prenden fuego). Además, al ser Estados Unidos un país menos densamente poblado que la mayoría de países europeos, es más difícil encontrar comunidades opuestas a la extracción del gas en América que en Europa.

En cuanto a los derechos de propiedad del subsuelo, en Estados Unidos tales derechos pertenecen al particular propietario de la superficie (es decir, el propietario de un terreno es propietario tanto del suelo como del subsuelo situado bajo éste) mientras que en Europa son de dominio público. Por ello, en Estados Unidos los particulares tienen un mayor interés que en Europa en la explotación de los yacimientos.

La explotación de las reservas de gas de esquisto no sólo permite reducir el coste de la electricidad y las emisiones de GEI sino también la dependencia de los grandes países productores como Irán, Qatar, Rusia, Argelia o Libia, países todos con una estabilidad política reducida. Así, por ejemplo, en España dos tercios del gas consumido procede de Argelia, lo que provoca que nuestro país sea especialmente vulnerable ante una eventual primavera árabe argelina.

En resumen, en España la electricidad es más cara que en muchos países desarrollados en gran medida porque se genera de una forma más limpia. Sin embargo, este calificativo de “más cara” no resulta del todo acertado ya que los costes de carácter medioambiental generados por otras fuentes de producción eléctrica no son recogidos por el sistema privado de precios. Además, la mayor participación de las fuentes de energía renovables en el mix energético permite mejorar la seguridad en el abastecimiento.

Por otra parte, en los próximos años cabe esperar un aumento sostendio del precio del petróleo conforme las reservas mundiales se agotan y aumenta la demanda de los países en vías de desarrollo y emergentes. De este modo, el coste de la electricidad generada por esta fuente aumentará y se acortará la diferencia de costes con respecto a la electricidad producida a través de fuentes renovables.

Sin embargo, también existen fallos en el sector eléctrico que deben ser corregidos. Así, el déficit del sistema es un problema cuya no resolución en el presente implica unos mayores costes de corrección en el futuro. De igual modo, las obligaciones de uso de carbón nacional, si bien son positivas para paliar en cierta medida la destrucción de empleo en los pueblos mineros de Asturias y León, suponen un lastre no sólo para la reducción del coste de la electricidad sino también para la preservación del medio ambiente.

Así pues, el objetivo de la política energética debe ser la producción limpia y la seguridad en el abastecimiento. Todos aquellos costes que no obedezcan a estos objetivos deberían ser eliminados para así evitar un encarecimiento adicional e injustificado de un servicio esencial tanto para la producción de otros bienes y servicios como para el consumo familiar.

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¿Por qué siempre sube mi factura eléctrica? (I)

Respondiendo a una de las peticiones de un seguidor del blog, este post tratará de explicar de forma sencilla el funcionamiento del sector eléctrico español.

Hasta 1997 este sector se encontraba fuertemente regulado, es decir, el Gobierno decidía los niveles de producción, las infraestructuras a acometer, el precio que debían pagar los consumidores y recibir las empresas productoras y distribuidoras, la financiación de la diferencia entre costes e ingresos del sector… La razón de la regulación radicaba las características de monopolio natural del sector eléctrico. Esto quiere decir que una única empresa puede llevar a cabo la gestión de la actividad de una forma menos costosa que varias empresas.

La mayor idoneidad del monopolio con respecto a la presencia de múltiples empresas se deriva de la existencia de unos costes muy elevados para poder comenzar la actividad relacionados con la instalación de una red que permita abastecer a todos los usuarios. Así, es preferible contar con una única empresa y su red que con múltiples empresas operando cada una de ellas con su propia red.

Sin embargo, a principios de la década de los 80, países como Gran Bretaña y Estados Unidos acometieron un ambicioso proceso de desregulación y liberalización de sectores con características de monopolio natural. En el sector eléctrico, este proceso se basó fundamentalmente en separar la actividad en dos segmentos: la producción de electricidad y la distribución de la misma.  La distribución, esto es, la propiedad y gestión de las grandes redes eléctricas, continuó regulada mientras que la producción fue totalmente liberalizada, es decir, cualquier empresa que lo desease podría producir y vender energía eléctrica.

A Europa continental y a España el proceso de liberalización y desregulación llegaría en la década de los 90. En nuestro país, se liberalizó completamente la producción de energía y, para garantizar la libre competencia, se privatizaron empresas públicas como Endesa, Sevillana… Por su parte, la propiedad de las redes eléctricas de alta tensión se transfirió a Red Eléctrica de España (REE), una empresa cuyo principal accionista es el Estado español. La razón de la presencia pública en REE se justifica por la necesidad de garantizar un acceso no discriminatorio a la red tanto de los productores de energía como de los usuarios.

Además, en España existe también una separación obligatoria entre las empresas productoras y comercializadoras (las empresas que venden la electricidad al consumidor final). Así, por ejemplo, Endesa cuenta con una división de producción y una división de comercialización. Sin embargo, también existen empresas que operan únicamente en uno de los dos segmentos de actividad. Para casar los intereses de productoras y comercializadoras, existe un mercado organizado con el nombre de MIBEL (Mercado Ibérico de Electricidad) en el cual se negocian contratos de suministro. Asimismo, prácticamente cualquier consumidor que lo desee puede contratar su suministro en este mercado.

Sin embargo, son muchos los consumidores que carecen de los conocimientos necesarios para operar en MIBEL por lo que, para protegerlos, se creó lo que se conoce como Tarifa de Último Recurso (TUR), a la cual actualmente están adheridos entre el 80% y el 90% de los consumidores. A pesar de su nombre, no se trata ni mucho menos de una tarifa social sino de una tarifa que es determinada periódicamente en subastas organizadas por CESUR. En dichas subastas las empresas comercializadoras de último recurso (que suelen ser las principales empresas eléctricas) presentan sus ofertas de suministro para un determinado periodo de tiempo. En este caso, el comprador es el propio Estado para garantizar así el mínimo precio para el consumidor final.

De este modo, la factura eléctrica se descompone en la actualidad en dos partes: una correspondiente al consumo de energía (término de energía) y otra a los costes regulados (término fijo). Para evitar la volatilidad en el precio pagado por los consumidores, el Gobierno español decidió a principios de la década pasada limitar por ley la subida del precio de la electricidad para los consumidores adheridos a la TUR. La idea de este planteamiento era que hubiese años en los que los costes de la energía fuesen superiores al precio regulado y años en los que ocurriese lo contrario. De este modo, los déficit del sistema podrían compensarse con superávit de años posteriores.

La financiación de dicho déficit es un tanto particular. Así, cuando el precio pagado por el consumidor es insuficiente para cubrir todos los costes, los costes regulados nunca dejan de pagarse. Sin embargo, a los productores de energía se les otorgan unos derechos de cobro futuros (más sus correspondientes intereses) que pueden ejercitar de forma adelantada mediante su venta a descuento.  A este proceso se le conoce como titulización del déficit.

El problema de este sistema fue que el crecimiento de los costes fue muy superior al crecimiento de la tarifa eléctrica regulada por lo que los déficit fueron cada vez más elevados y no se generaron los superávit necesarios para su compensación. Ese aumento de los costes se debió sobre todo al fomento de las energías renovables. La producción eléctrica a partir de estas fuentes resulta mucho más cara que a partir de las fuentes tradicionales por lo que para promover su uso el Estado debía subvencionarlas. Además, dichas subvenciones forman parte de los costes regulados que deben incluirse en el término fijo de la factura.

Asimismo, las empresas comercializadoras tienen la obligación de dar prioridad en la compra a la electricidad procedente de fuentes renovables. De este modo, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de mercados, el precio de la electricidad producida aumenta cuando disminuye la demanda pues la participación de las fuentes tradicionales suele reducirse. A todo esto debemos unir que las subvenciones ofrecidas para las energías renovables fueron excesivamente elevadas, lo que provocó que la instalación de placas solares y molinos de viento excediese con creces las previsiones del Gobierno. Así, la política de renovables se convirtió pronto en víctima de su propio éxito.

En este contexto, el déficit del sistema eléctrico se tornó cada vez más elevado. Todo esto, unido a los problemas de liquidez del sector financiero, hicieron que en 2009 las empresas eléctricas tuviesen dificultades para titulizar el déficit. Para solucionarlo, el Gobierno se comprometió a avalar este proceso de titulización, es decir, a garantizar el cobro futuro no mediante los ingresos futuros del sector eléctrico sino mediante el propio respaldo del erario público.

Además, en ese mismo año, el Gobierno decidió establecer un calendario para la reducción del déficit del sistema eléctrico de tal manera que éste desapareciese totalmente en 2013. El cumplimiento de este calendario obligaba implícitamente a adoptar una o varias de las siguientes medidas:

  • Subvencionar el consumo de energía, una opción descartada desde un inicio por lo injusto que podría ser trasladar el coste de la electricidad desde el consumidor hasta el contribuyente y los escasos incentivos que supondría para el ahorro y la eficiencia energética.
  • Subir las tarifas pagadas por el consumidor.
  • Reducir los costes regulados, sobre todo las subvenciones a las fuentes renovables.

Sin embargo, ninguna de estas medidas fue aplicada en la cuantía suficiente y el déficit volvió a ser en 2010 superior al establecido en el calendario. Para no incumplir sus propias leyes, el Gobierno optó por publicar decretos en los cuales ampliaba el déficit máximo permitido para cada periodo.

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Bernanke echa más madera

BERNANKE ECHA MÁS MADERA. Así reza esta noche la primera plana de Cincodias.com. Si pinchas aquí podrás leer el artículo completo que recoge la decisión del presidente de la Reserva Federal (FED) estadounidense, la institución homóloga al Banco Central Europeo (BCE), que ha anunciado una nueva ronda de Quantitative Easing (QE3), un programa similar a las Transacciones Monetarias Directas (OMT) anunciadas la semana pasada por Mario Draghi, presidente del BCE.

Sin embargo, existen algunas diferencias entre el QE y las OMT y entre ambas instituciones:

  1. Las OMT son compras esterilizadas mientras que el QE no va acompañado de medidas para retirar la liquidez inyectada. Esto se debe a que, mientras que el objetivo del BCE es aliviar los costes de financiación de países en apuros, la FED trata de evitar la deflación y promover el crecimiento económico.
  2. Mediante las OMT sólo se compra deuda de países en apuros. La FED, mediante el QE, compra deuda del Gobierno Federal de Estados Unidos, el cual ya se financiaba a un coste muy bajo antes de cualquier programa de QE.
  3. El mandato de la FED la obliga a mantener tanto la estabilidad de precios (sin establecer un objetivo explícito) como a promover el crecimiento económico. Sin embargo, el mandato del BCE establece un objetivo de inflación a medio plazo inferior pero próximo al 2%.
  4. Estados Unidos es un único país con un único Tesoro mientras que la Eurozona sigue siendo un conjunto de 17 Estados, cada uno de ellos con su propio Tesoro.
  5. La FED y su presidente han demostrado estar más a la altura de las circunstancias que el BCE y, sobre todo, su anterior presidente Jean Claude Trichet, quien subió los tipos de interés en dos ocasiones con bastante desatino: en septiembre de 2008, pocos días antes del colapso del sistema financiero y dos meses antes de que la tasa de inflación de la Eurozona se tornase negativa; y a principios de 2011, cuando el crecimiento económico de la Eurozona era aún muy débil para que las tensiones inflacionistas existentes entonces perdurasen en el tiempo. La mayor profesionalidad de Mr. Bernanke es atribuible a sus tiempos de profesor universitario experto en la Gran Depresión y la Década Perdida japonesa, dos episodios muy similares a la actual crisis. Actualmente, Mario Draghi está gestionando la política monetaria de una forma más adecuada que su predecesor. No obstante, mientras que la UE no sea una verdadera unión económica, difícilmente Super Mario podrá echar más madera.
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