La sostenibilidad de las pensiones (II)

En el post anterior se repasaban las principales características de los dos principales sistemas de pensiones. Con este post, se pretende repasar los problemas de cada uno de ellos.

En un sistema de capitalización el principal contratiempo que podría sobrevenir es un periodo relativamente largo de tipos de interés más bajos de los necesarios para que las aportaciones generen unos rendimientos que permitan pagar en el futuro una pensión razonable a los beneficiarios. Por ello, una correcta estimación de las contribuciones a realizar y de las expectativas de tipos de interés resulta vital.

En el caso del sistema de reparto podemos encontrarnos en primer lugar con periodos de recesión en los cuales el número de cotizantes o las aportaciones realizadas por éstos son insuficientes para financiar los compromisos presentes. En ese caso puede optarse por recurrir a ingresos de otra naturaleza o al endeudamiento. Sin embargo, recurrir a estas fuentes de financiación en épocas de recesión podría ser complicado. Por ello, en España, tras la crisis del sistema de la Seguridad Social de principios de los 90, se decidió destinar los superávit del sistema a crear un Fondo de Reserva que pudiese ser utilizado en momentos puntuales, como el actual, en que las cotizaciones de los trabajadores activos son insuficientes para sufragar los compromisos adquiridos con los pensionistas.

Sin embargo, calificar el problema del sistema de pensiones español como puntual no resulta demasiado acertado. Esto se debe al segundo gran problema de los sistemas de reparto en los países desarrollados, el paulatino envejecimiento de la población que provoca una reducción del número de trabajadores por cada pensionista. Para paliar esta tendencia pueden tomarse medidas tanto por el lado del numerador (aumentar el número de trabajadores) como del denominador (reducir el número de pensionistas).

Por el lado del numerador, una primera opción sería recurrir a la inmigración para así aumentar el tamaño de la fuerza laboral. Sin embargo, esta solución presenta dos problemas: en primer lugar, el volumen de trabajadores que el mercado laboral puede absorber es limitado. Por este motivo, aunque los niveles de inmigración fuesen muy elevados, si los inmigrantes no consiguen obtener un empleo que les permita realizar aportaciones a la Seguridad Social, realmente no se favorecería la sostenibilidad del sistema.

Asimismo, esos inmigrantes adquirirían el derecho a percibir en el futuro una pensión. Se entra así en una especie de “estafa piramidal” ya que para pagar a los pensionistas actuales se hace necesario captar un número mayor de pensionistas futuros de forma continuada.

Además de recurrir a la inmigración para aumentar el número de trabajadores, podría fomentarse la inserción laboral de grupos sociales con una participación reducida en el mercado laboral como es el caso de las mujeres. Aunque en los últimos años se han hecho grandes progresos, la tasa de actividad femenina (cociente entre el número de mujeres dispuestas a trabajar fuera de su hogar y el número total de éstas) sigue estando muy por debajo de la tasa de actividad masculina. El motivo fundamental de esta diferencia radica en que muchas mujeres (y, recientemente, también algunos hombres) suelen abandonar el mercado laboral para hacerse cargo del cuidado de sus hijos. Esta decisión puede atribuirse en gran medida a que la diferencia entre el salario que perciben y los costes de encargar el cuidado de sus retoños a terceros es insuficiente para incentivar la participación en el mercado de trabajo. Por ello, medidas que reduzcan los costes del cuidado de los hijos como la subvención de las guarderías podrían contribuir a aumentar la población cotizante sin aumentar el número de perceptores futuros de pensiones.

Otro de los grupos sociales de menor participación en el mercado de trabajo es el compuesto por las personas mayores de 55 años. Esta menor participación se debe fundamentalmente al uso de las prejubilaciones. Por ello, acercar la edad real de jubilación a la edad legal debería ser prioritario. De este modo, no sólo aumenta el número de trabajadores sino que también se reduce el número de pensionistas. Un efecto similar a esta medida tendría la ampliación de la edad legal de jubilación. Es por ello que la reforma española de las pensiones de 2011 estableció un aumento paulatino de dicha edad desde los 65 años actuales hasta los 67 en el año 2027.

Para reducir el número de pensionistas podrían ofrecerse también una serie de ventajas a aquellos individuos que deciden prolongar su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, tales como la reducción o eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a estos trabajadores o la compatibilización del cobro de una parte de la pensión con el salario laboral. Desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema de pensiones siempre será preferible un trabajador que cobre una parte de su pensión o que no cotice a un jubilado total.

Por último, para garantizar la sostenibilidad del sistema de reparto podría optarse por reducir la cuantía de las pensiones. Para evitar que ésto entrañe un riesgo de exclusión social, la reforma de 2011 incrementaba los periodos de trabajo computables a la hora de calcular la pensión. Así, hasta 2013, para cobrar el 100% de la pensión era necesario haber cotizado al menos 35 años. Con la nueva reforma, ese periodo se incrementará hasta alcanzar en 2022 los 37’5 años. Además, mientras que hasta 2013 sólo se tendrán en cuenta los 15 últimos años de vida laboral para determinar la pensión correspondiente, la nueva reforma establece que ese periodo se amplíe progresivamente hasta alcanzar los 25 años en 2022. Esta última medida perjudica sobre todo a los trabajadores de mayor renta que suelen obtener los mayores sueldos al final de su carrera por ocupar puestos de mayor rango. Sin embargo, los trabajadores más humildes que obtienen una renta más estable a lo largo de su vida laboral no se ven apenas afectados.

Como puede apreciarse, los sistemas de reparto presentan mayores inconvenientes que los sistemas de capitalización. Por ello, algunos expertos recomiendan el cambio de sistema. Sin embargo, este cambio entraña un problema de transición. Así, si un país como España decidiese pasar de la noche a la mañana del sistema de reparto al de capitalización, se encontraría con que los pensionistas actuales no podrían recibir ningún tipo de pensión pues las aportaciones que realizaron durante su vida laboral fueron utilizadas para pagar a los pensionistas de entonces. Además, los trabajadores de mayor edad no tendrían tiempo suficiente para crear una hucha de cuantía suficiente para recibir una pensión digna. Tan sólo los trabajadores más jóvenes podrían disfrutar en un futuro de la pensión.

Por tanto, si finalmente se opta por esta opción, el cambio de sistema debe realizarse de forma muy progresiva durante un periodo de tiempo muy largo (en torno a 50 años). Este horizonte temporal tan amplio genera problemas de carácter político ya que el partido que acometa la reforma adquiere un importante riesgo electoral en tanto que soporta todos los contratiempos que podrían aparecer durante el periodo de transición (reducción temporal de las pensiones, aumento de las cotizaciones sociales que dé lugar a un aumento del desempleo y una reducción de los salarios netos…). Esto le llevaría a perder las siguientes elecciones mientras que el partido ganador de éstas podría en el futuro contar con la ventaja electoral de un sistema de pensiones que funcione adecuadamente sin haber tenido que incurrir en el coste electoral que supuso la reforma. Por ello, se hace necesario un gran pacto de todas las fuerzas políticas similar al Pacto de Toledo de 1995.

En definitiva, garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones es posible aunque requiere un esfuerzo de toda la ciudadanía y todos los grupos políticos. No obstante, la propia creación del sistema actual ya requirió esfuerzos, si cabe, mayores durante una coyuntura política mucho más complicada. Además, el retraso de una adecuada reforma sólo hará que el problema sea más difícil de solucionar en el futuro. Es por ello que, muy probablemente, la primera medida que exigirá la Troika cuando se confirme el rescate completo español sea la reducción del plazo de implementación de la reforma de 2011.

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