¿Por qué siempre sube mi factura eléctrica? (I)

Respondiendo a una de las peticiones de un seguidor del blog, este post tratará de explicar de forma sencilla el funcionamiento del sector eléctrico español.

Hasta 1997 este sector se encontraba fuertemente regulado, es decir, el Gobierno decidía los niveles de producción, las infraestructuras a acometer, el precio que debían pagar los consumidores y recibir las empresas productoras y distribuidoras, la financiación de la diferencia entre costes e ingresos del sector… La razón de la regulación radicaba las características de monopolio natural del sector eléctrico. Esto quiere decir que una única empresa puede llevar a cabo la gestión de la actividad de una forma menos costosa que varias empresas.

La mayor idoneidad del monopolio con respecto a la presencia de múltiples empresas se deriva de la existencia de unos costes muy elevados para poder comenzar la actividad relacionados con la instalación de una red que permita abastecer a todos los usuarios. Así, es preferible contar con una única empresa y su red que con múltiples empresas operando cada una de ellas con su propia red.

Sin embargo, a principios de la década de los 80, países como Gran Bretaña y Estados Unidos acometieron un ambicioso proceso de desregulación y liberalización de sectores con características de monopolio natural. En el sector eléctrico, este proceso se basó fundamentalmente en separar la actividad en dos segmentos: la producción de electricidad y la distribución de la misma.  La distribución, esto es, la propiedad y gestión de las grandes redes eléctricas, continuó regulada mientras que la producción fue totalmente liberalizada, es decir, cualquier empresa que lo desease podría producir y vender energía eléctrica.

A Europa continental y a España el proceso de liberalización y desregulación llegaría en la década de los 90. En nuestro país, se liberalizó completamente la producción de energía y, para garantizar la libre competencia, se privatizaron empresas públicas como Endesa, Sevillana… Por su parte, la propiedad de las redes eléctricas de alta tensión se transfirió a Red Eléctrica de España (REE), una empresa cuyo principal accionista es el Estado español. La razón de la presencia pública en REE se justifica por la necesidad de garantizar un acceso no discriminatorio a la red tanto de los productores de energía como de los usuarios.

Además, en España existe también una separación obligatoria entre las empresas productoras y comercializadoras (las empresas que venden la electricidad al consumidor final). Así, por ejemplo, Endesa cuenta con una división de producción y una división de comercialización. Sin embargo, también existen empresas que operan únicamente en uno de los dos segmentos de actividad. Para casar los intereses de productoras y comercializadoras, existe un mercado organizado con el nombre de MIBEL (Mercado Ibérico de Electricidad) en el cual se negocian contratos de suministro. Asimismo, prácticamente cualquier consumidor que lo desee puede contratar su suministro en este mercado.

Sin embargo, son muchos los consumidores que carecen de los conocimientos necesarios para operar en MIBEL por lo que, para protegerlos, se creó lo que se conoce como Tarifa de Último Recurso (TUR), a la cual actualmente están adheridos entre el 80% y el 90% de los consumidores. A pesar de su nombre, no se trata ni mucho menos de una tarifa social sino de una tarifa que es determinada periódicamente en subastas organizadas por CESUR. En dichas subastas las empresas comercializadoras de último recurso (que suelen ser las principales empresas eléctricas) presentan sus ofertas de suministro para un determinado periodo de tiempo. En este caso, el comprador es el propio Estado para garantizar así el mínimo precio para el consumidor final.

De este modo, la factura eléctrica se descompone en la actualidad en dos partes: una correspondiente al consumo de energía (término de energía) y otra a los costes regulados (término fijo). Para evitar la volatilidad en el precio pagado por los consumidores, el Gobierno español decidió a principios de la década pasada limitar por ley la subida del precio de la electricidad para los consumidores adheridos a la TUR. La idea de este planteamiento era que hubiese años en los que los costes de la energía fuesen superiores al precio regulado y años en los que ocurriese lo contrario. De este modo, los déficit del sistema podrían compensarse con superávit de años posteriores.

La financiación de dicho déficit es un tanto particular. Así, cuando el precio pagado por el consumidor es insuficiente para cubrir todos los costes, los costes regulados nunca dejan de pagarse. Sin embargo, a los productores de energía se les otorgan unos derechos de cobro futuros (más sus correspondientes intereses) que pueden ejercitar de forma adelantada mediante su venta a descuento.  A este proceso se le conoce como titulización del déficit.

El problema de este sistema fue que el crecimiento de los costes fue muy superior al crecimiento de la tarifa eléctrica regulada por lo que los déficit fueron cada vez más elevados y no se generaron los superávit necesarios para su compensación. Ese aumento de los costes se debió sobre todo al fomento de las energías renovables. La producción eléctrica a partir de estas fuentes resulta mucho más cara que a partir de las fuentes tradicionales por lo que para promover su uso el Estado debía subvencionarlas. Además, dichas subvenciones forman parte de los costes regulados que deben incluirse en el término fijo de la factura.

Asimismo, las empresas comercializadoras tienen la obligación de dar prioridad en la compra a la electricidad procedente de fuentes renovables. De este modo, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de mercados, el precio de la electricidad producida aumenta cuando disminuye la demanda pues la participación de las fuentes tradicionales suele reducirse. A todo esto debemos unir que las subvenciones ofrecidas para las energías renovables fueron excesivamente elevadas, lo que provocó que la instalación de placas solares y molinos de viento excediese con creces las previsiones del Gobierno. Así, la política de renovables se convirtió pronto en víctima de su propio éxito.

En este contexto, el déficit del sistema eléctrico se tornó cada vez más elevado. Todo esto, unido a los problemas de liquidez del sector financiero, hicieron que en 2009 las empresas eléctricas tuviesen dificultades para titulizar el déficit. Para solucionarlo, el Gobierno se comprometió a avalar este proceso de titulización, es decir, a garantizar el cobro futuro no mediante los ingresos futuros del sector eléctrico sino mediante el propio respaldo del erario público.

Además, en ese mismo año, el Gobierno decidió establecer un calendario para la reducción del déficit del sistema eléctrico de tal manera que éste desapareciese totalmente en 2013. El cumplimiento de este calendario obligaba implícitamente a adoptar una o varias de las siguientes medidas:

  • Subvencionar el consumo de energía, una opción descartada desde un inicio por lo injusto que podría ser trasladar el coste de la electricidad desde el consumidor hasta el contribuyente y los escasos incentivos que supondría para el ahorro y la eficiencia energética.
  • Subir las tarifas pagadas por el consumidor.
  • Reducir los costes regulados, sobre todo las subvenciones a las fuentes renovables.

Sin embargo, ninguna de estas medidas fue aplicada en la cuantía suficiente y el déficit volvió a ser en 2010 superior al establecido en el calendario. Para no incumplir sus propias leyes, el Gobierno optó por publicar decretos en los cuales ampliaba el déficit máximo permitido para cada periodo.

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