Recomendaciones (III): Reducción del gasto.

En el último post de Recomendaciones concluíamos diciendo que el aumento de la capacidad productiva a través de la eliminación de barreras y de las inversiones públicas complementarias de la inversión privada podría no ser suficiente para generar los ingresos públicos necesarios para eliminar el déficit público. De este modo, se hacen necesarias medidas adicionales para corregir este problema. Dichas medidas se basan fundamentalmente en el aumento de los ingresos por otras vías y en la reducción del gasto.

No obstante, la reducción brusca del déficit a través de estas medidas conlleva en el corto plazo una reducción del nivel de actividad y un aumento del desempleo, lo que provoca que un ajuste de, por ejemplo, 5000 millones de euros, traiga consigo tan sólo una reducción del déficit de 1000 millones (para entender los cálculos subyacentes a esta afirmación véase el post Recortes: ¿otro mal necesario?). Desafortunadamente, cuando un país no cuenta con financiación para cubrir la diferencia entre sus gastos e ingresos la reducción del déficit se torna esencial para evitar la suspensión de pagos.

Por este motivo, España debería solicitar el rescate europeo. Mediante el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y su futuro sustituto el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) se concede a los países rescatados financiación a un tipo de interés que ronda el 3-4% con vencimientos de 15 a 30 años. En la actualidad, España paga por financiarse con bonos a 10 años un tipo cercano al 7%. No obstante, ya sabemos que las zanahorias que se dan desde Europa vienen acompañadas de palos en forma de estrictos plazos para la reducción del déficit diseñados fundamentalmente por el FMI que además aporta una cuantía igual al 50% de la ayuda desembolsada por Europa.

Si el FMI ha aprendido de los errores que cometió durante la crisis del sudeste asiático de 1997-98, debería aplicar un plazo de reducción del déficit cómodo (de unos 5 o 6 años) exigiendo tan sólo de manera inmediata dos medidas: la eliminación de todas aquellas barreras al libre ejercicio de la actividad económica y que el saldo público estructural, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos que existiría una vez que la economía operase a plena capacidad, fuese ligeramente positiva (en torno al 1% del PIB).

La corrección del saldo estructural puede hacerse por la vía del aumento de impuestos y/o por la vía de la reducción del gasto. Aunque la combinación de estas vías es una mera decisión política, desde una perspectiva económica suele recomendarse que el ajuste se produzca por el lado del gasto para así liberar recursos que podrían ser posteriormente utilizados por el sector privado. Además, los primeros gastos que deberían reducirse son aquellos que no se justifican por motivos de equidad. Entre ellos podemos destacar:

  • Las duplicidades existentes entre los distintos niveles de la Administración Pública (Administración Central, Autonómica y Local).
  • Reducción del número de ayuntamientos mediante la fusión de aquellos de menor tamaño y/o de mayor proximidad.
  • La eliminación de aquellos servicios que son prestados por el sector público pero que podrían ser prestados por el sector privado sin que ello redundará en la privación del acceso a un servicio público esencial. Entre estos gastos llama la atención de manera especial que una cadena de televisión pública como TVE compre los derechos de emisión de las competiciones europeas de fútbol, ya que otros canales estarían dispuestos a pagar un precio inferior por tales derechos y podrían ofrecer un servicio igual o mejor al ofrecido en la actualidad por TVE y, en caso de que ninguna cadena desease comprarlos, tampoco se estaría privando a ningún ciudadano de un servicio esencial. De igual manera, las cadenas públicas nacionales y autonómicas emiten muchos programas de entretenimiento que compiten con los emitidos por cadenas privadas. Las cadenas públicas deberían limitarse a ofrecer una información lo más objetiva posible y programas de interés cultural. El entretenimiento puede ser ofrecido por cadenas privadas sin riesgo de que nadie quede excluido del mismo. Además, no se trata de un bien esencial que deba ser ofertado por el sector público.
  • Eliminar muchos de los privilegios de la clase política. Estos privilegios no suponen un coste excesivo para la Hacienda Pública pero su eliminación hace que sea más justificable desde un punto de vista ético y social el resto de medidas.

En definitiva, deben reducirse e incluso eliminarse todos aquellos gastos no justificados por motivos de equidad. No obstante, la eliminación de estos gastos podría ser insuficiente para la corrección del saldo estructural por lo que podría ser necesario también recortes en servicios esenciales. Por servicios esenciales podemos entender educación, sanidad, pensiones y dependencia, que son los pilares  del Estado del Bienestar. Para poder mantener un acceso equitativo a estos servicios los ajustes podrían realizarse del siguiente modo:

  • En materia de pensiones, podría limitarse la pensión máxima que un individuo puede recibir.
  • En materia de educación, la concesión de becas y otro tipo de ayudas deberían estar condicionadas al rendimiento académico del año para el cual se reciben las ayudas en lugar de estar la concesión sujeta a los resultados académicos del año anterior. Así, por ejemplo, podría exigirse la devolución de las becas al estudio a final de curso si no se ha superado un determinado nivel de rendimiento en lugar de denegar la ayuda para el año siguiente.
  • En materia de sanidad, son medidas muy acertadas la introducción del copago farmacéutico en función de la renta y la promoción del uso de medicamentos genéricos mediante la no subvención del consumo de sus homólogos de marca.

Estas medidas permiten reducir el coste de estos servicios esenciales sin privar de su uso a ningún individuo. Otra medida adicional que permite mantener inalterados no sólo los niveles de prestación de servicios públicos sino también el empleo en la Administración es la reducción de los salarios de los empelados públicos. No obstante, esta medida tiene un elevado coste político y redunda muy negativamente en el consumo privado.

Si todas estas medidas son insuficientes para conseguir un saldo estructural positivo o si existen reticencias para reducir el gasto más allá de ciertos límites, será necesario un aumento de los ingresos públicos. A esta cuestión destinaremos el último post de Recomendaciones.

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