Recortes: ¿otro mal necesario?

Hace unos días, redactaba un post sobre la necesidad de rescatar entidades financieras en apuros y calificaba esta medida como un mal necesario. Los recortes presupuestarios (entendiendo por tales tanto reducciones de gasto como aumentos de impuestos) han sido también vendidos tanto por este Gobierno como por el anterior como otro mal necesario. No obstante, al igual que ocurría con los rescates bancarios, son muchas las voces que cuestionan las bondades de los recortes. Con este post, trataré de arrojar un poco de luz sobre el asunto.

Los partidarios de la consolidación fiscal suelen esgrimir dos argumentos fundamentales:

1.- En primer lugar, asumen que los individuos conocen de manera casi perfecta sus ingresos futuros. En base a esa previsión de ingresos tratarán de mantener unos niveles de consumo relativamente estables, es decir, tratarán de suavizar su consumo.

De igual manera, se asume que los agentes son perfectamente racionales. De este modo, saben que un aumento del gasto público hoy implica unos mayores impuestos mañana y viceversa. Así, si hoy tiene lugar una reducción del gasto, los impuestos a pagar mañana serán menores. Por tanto, los ingresos futuros de los individuos serán mayores. Dada esta mayor renta futura, los agentes podrían decidir consumir más hoy compensando así la reducción del gasto público.

Los supuestos de partida de este argumento son ya difíciles de creer. Así, un individuo difícilmente conocerá los ingresos que tendrá más allá de dos o tres años vista. Además, aunque los ingresos futuros sean mayores, un individuo podría tener unos ingresos limitados hoy de manera que no podría aumentar su consumo aún deseándolo (podría recurrir al préstamo bancario, pero si no cuenta con activos para aportar como aval, difícilmente podrá endeudarse con cargo a unos eventuales ingresos futuros).

A pesar de las críticas a este argumento, la evidencia empírica parece mostrar que aumentos (reducciones) del gasto público hoy conllevan reducciones (aumentos) del consumo privado aunque de una magnitud muy inferior al aumento (reducción) del gasto.

2.- El segundo argumento esgrimido por los partidarios de la consolidación fiscal se basa en el denominado “efecto crowding-out” (efecto expulsión). Según este argumento, los inversores privados y el sector público compiten por captar el ahorro de las familias para financiar respectivamente sus proyectos de inversión y el déficit público. De este modo, si el Gobierno aumenta sus niveles de déficit público (por ejemplo a través de un aumento del gasto público), la mayor demanda de fondos prestables provocará un aumento del tipo de interés que provocará que los proyectos de inversión de rentabilidad más baja no puedan llevarse a cabo.

Además, los proyectos de inversión privados suelen ofrecer una mayor rentabilidad que los proyectos de inversión público. De este modo, la expulsión de la iniciativa privada podría suponer un lastre para el crecimiento económico.

Este argumento, también es matizable. En un contexto como el actual en el que empresas y familias han incurrido en altos niveles de endeudamiento y en el cual la rentabilidad de los proyectos privados ha sido puesta en entredicho, el sector privado está tratando de reducir sus niveles de endeudamiento. Para ello familias y empresas reducen sus niveles de inversión o de consumo por lo que realmente no están compitiendo contra el Estado para captar el ahorro. De este modo, aunque el sector público utiliza los recursos de una forma menos eficiente que el sector privado, siempre será preferible que los recursos sean utilizados de una forma poco eficiente a que no sean utilizados en absoluto.

 

Por su parte, los detractores de los recortes se basan en la Ley Psicológica Fundamental de Keynes. Según Keynes, los agentes presentan unos niveles de consumo fijos con independencia de su renta más un consumo adicional que será una proporción de los ingresos de que dispongan en cada momento. De este modo, un aumento del gasto público permitirá aumentar los niveles de renta de los individuos y con ello también el consumo privado, de manera que la expansión económica que tendrá lugar será superior al mero aumento del gasto público. Dado que una parte de las rentas de los individuos vuelven al Estado en forma de impuestos, el gasto público podrá autofinanciarse parcial o totalmente.

Para entender este argumento vamos a presentar un ejemplo de una economía muy sencilla en la cual existen tan sólo un funcionario que recibe sus rentas del Gobierno y un vendedor cuyas rentas proceden del consumo del funcionario. Vamos a suponer además que todos los individuos deben devolver al Estado en concepto de impuestos el 50% de su renta y que consumen el 50% restante. El funcionario recibe inicialmente unas rentas de 1000 euros de los que 500 devuelve al Gobierno y 500 destina a consumo. Por su parte, el vendedor tendrá una renta de 500 de los cuales 250 destinará a pagar impuestos (supondremos que el resto de su renta es ahorrada). En este caso tenemos que el PIB de esta economía (que puede definirse como la suma de las rentas de todos los agentes) será de 1500 euros. Por otro lado, el gasto público será de 1000 euros y los ingresos de 750 (500 euros de impuestos del funcionario y 250 del vendedor), por lo que el déficit público será de 250.

Si el Estado decide reducir su gasto en 500 euros aplicando un recorte salarial al funcionario, nos encontraremos con que (si éste mantiene su decisión de destinar el 50% de su renta a consumo) destinará 250 euros a consumo y otros tantos a pagar sus impuestos. Las rentas del vendedor, por su parte, serán de 250 euros de los que 125 serán ingresados en la Hacienda Pública en forma de impuestos. Así pues, el PIB de esta economía será ahora de 750 euros, es decir, 750 euros inferior al caso anterior, incluso aunque el recorte tan sólo fue de 500 euros. Los ingresos públicos serán de 375 euros y el gasto de 500 euros, esto es, un déficit de 125 euros. Como vemos, a pesar de que el gasto se reduce en 500 euros el déficit sólo lo hace en 125 euros. Esto se debe a que la reducción del nivel de actividad trae consigo una reducción de los ingresos públicos.

Así pues, cada recorte trae consigo una reducción del nivel de actividad económica, es decir, una disminución de la riqueza generada y, muy probablemente, un aumento del desempleo. Por ello, mandatarios políticos como François Hollande han propuesto, como alternativa a la reducción del gasto público, la promoción del crecimiento económico.

Más recientemente, otros autores han sugerido que los efectos expansivos o contractivos del gasto público dependen de la composición de éste. Así por ejemplo, inversiones públicas complementarias de las inversiones privadas, como pueden ser la construcción de infraestructuras o el gasto en Formación Profesional demandada por las empresas, podrían autofinanciarse, es decir, generar unos ingresos públicos en el futuro que podrían pagar el gasto realizado hoy. Sin embargo, inversiones públicas sustitutivas de la inversión privada difícilmente podrían autofinanciarse. Piénsese por ejemplo en la compra por parte de TVE de los derechos de emisión de la Champions League. Cualquier canal privado podría realizar esta función permitiendo así una reducción del gasto público y un aumento de los ingresos públicos a través de los impuestos sobre las ingresos obtenidos a través de esta actividad por el canal de televisión privado.

En virtud de los argumentos expuestos hasta ahora recomendaríamos un aumento del gasto público complementario de la inversión privada. Pero todos estos argumentos han omitido un aspecto esencial: la financiación del déficit público. Así, si un país cuenta con financiación disponible a tipos de interés reducidos y sus niveles de deuda pública no son muy elevados, de manera que el pago de intereses no suponga un lastre para el crecimiento económico, la recomendación anterior se mantiene. Este sería el caso de países como EE.UU. o Gran Bretaña.

Sin embargo, existen países como España, Italia o Grecia donde los costes de financiación son más elevados, no tanto por la presencia de “malvados especuladores” sino más bien por las propias dificultades de sus Gobiernos para generar una expectativa creíble de reducción en el largo plazo del déficit público. En este caso existen dos alternativas:

1.- Reducir los niveles de déficit, incluso aunque ello implique reducir los niveles de actividad económica, para evitar males peores (para conocer estos males peores recomiendo el post Worst-case scenario).

2.- Recurrir a la financiación a bajos tipos ofrecida por algún organismo internacional, como por ejemplo el FMI o la propia Troika, y utilizar los fondos concedidos para promover el crecimiento económica a través de las denominadas inversiones públicas complementarias de la inversión privada.

 

En definitiva, la reducción del gasto público sustitutivo de la inversión privada que no cumple ninguna función redistributiva (cumplen tal función el gasto en pensiones, sanidad o educación entre otros) sería deseable no sólo en tiempos de crisis sino siempre. Por su parte, las inversiones públicas complementarias de la inversión privada son positivas para el crecimiento económico siempre y cuando esto no suponga una excesiva carga impositiva para los ciudadanos y empresas. En épocas de recesión podría darse un impulso adicional a estas inversiones para así facilitar la recuperación económica. Sin embargo, cuando no existe financiación a un coste razonable disponible, la reducción del déficit público se convierte en un mal necesario incluso aunque ello traiga consigo una destrucción de la actividad económica.

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Una respuesta a Recortes: ¿otro mal necesario?

  1. Dejo este link a un blog bastante más profesional que el mío para quienes deseen ir un paso más allá en la comprensión de la necesidad de los recortes:

    http://www.ceterisparibus.es/crisis-economica-y-politica-fiscal/

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